El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha reconocido como accidente laboral el suicidio de un guarda forestal al considerar que la decisión de quitarse la vida fue consecuencia de la presión que sufría por su trabajo. La Sala de lo Social estima el recurso que presentó la esposa del fallecido —en su nombre y en el de sus hijos, menores de edad— al fallo adoptado por un tribunal de Lleida y condena a abonar las pensiones de viudedad y orfandad a la mutua Asepeyo y al Departamento de Agricultura de la Generalitat, que se habían negado a admitir que fuera un accidente laboral. El TSJC considera “acreditada” la existencia de “un nexo entre el acto del suicidio” y “su estado de ansiedad”.
La sentencia del TSJC, difundida ayer por el sindicato CC OO, no es la primera que reconoce ese nexo. Sin embargo, fuentes judiciales consultadas explican que estos fallos no son frecuentes, puesto que ese vínculo entre el suicidio y las condiciones de trabajo debe quedar muy claro. Para el tribunal, en el caso del agente forestal Jaume R. L. así sucedía. Todo arrancó el 8 de marzo de 2012, cuando se produjeron cinco incendios en el Pirineo con apenas una hora y media de diferencia. Uno de ellos se registró en Calvinyà, en la comarca leridana del Alt Urgell, donde desde 1987 él era jefe de área.
Ese día el fallecido no trabajaba, pero era el único jefe de la comarca y debía estar disponible todo el día a través del teléfono. Fuentes cercanas al fallecido cuentan que, de hecho, fue el único jefe de un cuerpo implicado en la extinción que no tuvo relevo y acudió a todas y cada una de las reuniones del equipo encargado de controlar el fuego. Según declaró su hijo a la policía, desde ese día el jefe de los agentes rurales “sufría mucha presión en el trabajo, estaba muy nervioso, alterado, y por la noche no dormía”. “Tenía mucho miedo a las sanciones que pudiera sufrir por la responsabilidad en el incendio, tenía miedo a perder su buena reputación e ir a la cárcel”, añadió. Nadie le había recriminado nada, pero vivía su trabajo con “intensidad”, “de forma obsesiva” y con “autoexigencia”.
UGT señala los riesgos psicosociales como cuarta causa de incapacidad
El hombre acudió finalmente al médico, que le diagnosticó “un grado de ansiedad moderado debido a su trabajo”, por lo que le recetó ansiolíticos y lo volvió a citar a los 15 días. Pero el 25 de marzo fue hallado “colgado de un árbol” en la localidad de Alas i Cerc. La policía recogió dos manuscritos, de los cuales uno iba dirigido a sus superiores. En él manifestaba su “preocupación por el incendio de Calvinyà, el cual le había roto la vida y a su familia, que la Administración estaba buscando un cabeza de turco si no se habían realizado las tareas correctamente y que este sería él”, según recoge el auto.
El TSJC recuerda una sentencia de 9 de marzo de 1987 en la que se señala que si bien el suicidio tiene “carácter voluntario”, este puede darse por “una situación de estrés o trastorno mental” derivada del trabajo. En este caso, la sentencia señala que el “cuadro ansioso moderado” tenía origen en el “elevado grado de profesionalidad, responsabilidad y autoexigencia”, que “le superó emocionalmente hasta el punto de decidir poner punto final a su vida”, por lo que queda acreditado el “nexo entre el acto del suicido y su estado de ansiedad”.
Un informe del Observatorio de Riesgos Psicosociales de UGT señala que los problemas psicosociales son ya la cuarta causa más frecuente de incapacidad laboral. Sin embargo, la estadística oficial no lo recoge. De los 408.537 accidentes laborales con baja de 2012, solo 706 se atribuyen a algún factor como “miedo” o “amenaza”. “En España tenemos síntomas de que algo no funciona. Si somos uno de los países con más siniestralidad laboral, no se entiende que sea de los que menos enfermedades tenga”, afirma la profesora de Dirección de Personas y Organización de Esade Maria Àngels Valls.
Los expertos piden que se consideren enfermedades profesionales
Los riesgos psicosociales no están en la lista de enfermedades profesionales, cuya última revisión es de 2006. “Estamos en un entorno en el que estos riesgos tienen cada vez más peso. Deberían ser estudiados para que se incluyan en determinadas profesiones”, explica el catedrático de Psicología Social de la Universidad de Valencia José María Peiró. Aun así, el artículo 115.2 de la Ley General de la Seguridad Social abre una ventana para que las enfermedades derivadas del trabajo sean reconocidas como causa de accidente laboral. “Aunque no estén en el listado”, puntualiza Miguel Arenas, abogado del bufete Col•lectiu Ronda.
Arenas recuerda que la primera vez que se reconoció un suicidio como accidente laboral fue en 1970. “Antes eran accidentes no laborales”, dice. Eso sí, siempre hay que ir caso por caso. El último fue el de un conductor de autobuses de Sevilla inmerso en un proceso legal contra la empresa tras haber participado en una huelga. Ese reconocimiento lo dio el Tribunal Supremo en 2013. El fallo del TSJC es recurrible, pero de momento estima el recurso de la mujer del agente forestal y obliga a Asepeyo, como subrogada de la responsabilidad del Departamento de Agricultura, a abonar las prestaciones y las indemnizaciones pertinentes.

Una mortalidad subestimada

Francia es uno de los países de la UE con mayor tasa de suicidios y donde se ven con gran preocupación las muertes ligadas a las condiciones laborales y los denominados “riesgos psicosociales”. El país cuenta con una Agencia Nacional para la Mejora de las Condiciones de Trabajo, un Instituto Nacional de Vigilancia Sanitaria (INVS) y, desde el 9 de septiembre de 2013, un Observatorio Nacional del Suicidio. Según el INVS, “en Francia se producen cada año 11.000 suicidios, así como 90.000 hospitalizaciones y 220.000 altas en los servicios de urgencias por tentativa de suicidio”. En la primera reunión de dicho observatorio se constató que la incidencia de suicidios “afecta el triple a los obreros que a los dirigentes” y que “las primeras víctimas son aquellas personas afectadas por el aislamiento, el paro, la precariedad, el malestar en el trabajo…”.
En Orange (antes France Télécom), una segunda oleada de suicidios a principios de este año —la primera fue en 2008-2009— ha puesto en alerta de nuevo a los sindicatos, que exigen que los cambios de puesto, la organización de la carga de trabajo y la movilidad funcional y geográfica se hagan de forma que no supongan un riesgo para la salud del trabajador. En marzo se habían contabilizado 10 suicidios en la compañía, cifra similar al total registrado en 2013 (11 suicidios). El anterior presidente de Orange dimitió tras la muerte de 35 trabajadores por suicidio en 2008 y 2009, y en 2012 fue investigado por acoso moral contra los empleados.
El problema viene de lejos. Un grupo de carteros de La Poste (el servicio nacional de Correos) de la localidad de Trilport denunciaba, ya en noviembre de 2012, en una carta enviada al presidente francés, François Hollande, la situación en la compañía, a la que se refería como “trituradora de personas”. El llamado Observatorio del Estrés en France Télécom Orange y las Empresas, de carácter no oficial y creado por investigadores y trabajadores de los sindicatos CFE-CGC y SUD, recopiló una “lista no exhaustiva”, basada en fuentes sindicales e informaciones de prensa, que mencionaba 59 suicidios y 41 tentativas de suicidio en las empresas de La Poste entre julio de 2007 y diciembre de 2012.
Debido al recrudecimiento de los suicidios en La Poste en 2012, el presidente de la empresa, Jean-Paul Bailly, nombró una comisión de diálogo para evaluar la incidencia de los planes de reorganización de la compañía. Fruto de esa comisión fue el llamado Informe Kaspar, difundido en septiembre de 2012. Este reconocía oficialmente “la existencia de un malestar, más allá de los casos individuales de personas frágiles o afectadas por un fracaso profesional”, según el citado Observatorio, que se lamenta, sin embargo, de que dicho informe “no establezca un vínculo explícito entre la degradación de los indicadores sociales y la gestión de la compañía”.
El INVS aseguraba, en un informe sobre la epidemiología del suicidio, que “la mortalidad por suicidio está subestimada” en las estadísticas oficiales.

Fuente: Diario EL PAÍS